Argentina intimó al Reino Unido y le dio 2 semanas para frenar la explotación en Sea Lion

La Oficina del Presidente informó este 28 de septiembre que la República Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que, en el plazo de 2 semanas, adopte las medidas necesarias destinadas a impedir el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto denominado Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

De acuerdo con el mismo comunicado, el Presidente instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La intimación es el paso previo: el texto no informa que el arbitraje ya esté en marcha, sino que se ordenó ponerlo en marcha.

El reclamo se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU que cita el propio comunicado. La Resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur e instó a los dos gobiernos a negociar de manera pacífica. La Resolución 31/49 les pidió expresamente abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras dure ese proceso. Sobre esa base, la Oficina del Presidente sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales es contraria al derecho internacional.

El comunicado suma una segunda decisión: ordenó iniciar de manera urgente procedimientos sancionatorios y denuncias penales por operaciones aéreas realizadas por la empresa THALES UK LIMITED sin autorización de las autoridades argentinas. También rechaza la denominación británica de Territorio de Ultramar y sostiene que el referéndum de 2013 no altera la controversia reconocida internacionalmente.

Es el tercer paso del Gobierno sobre el mismo expediente en menos de un mes: el 3 de septiembre la Oficina del Presidente había anunciado el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, y el 17 de septiembre presentó ese texto. Lo que cambia ahora es que corre un plazo con fecha: si el Reino Unido no responde en 2 semanas, la Argentina queda habilitada a pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.